El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha presentado una serie de medidas que el gobierno llevará a cabo con carácter de urgencia, entre las que se prevén la creación de 20.000 viviendas sociales en un plazo de 6 años. El objetivo es facilitar la adquisición de inmuebles por parte de los colectivos con menos recursos económicos, una actuación que de paso permitirá abaratar en gran medida el precio del alquiler.

Aumento del suelo público para edificaciones

El pasado mes de julio el Gobierno anunció varias iniciativas para intentar solucionar la situación del mercado inmobiliario actual. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, afirmó que el objetivo del nuevo plan es garantizar el acceso a la vivienda por parte de los colectivos más desfavorecidos y que cuentan con menos recursos, haciendo hincapié en los jóvenes que quieren emanciparse.

Las administraciones de cada territorio serán las encargadas de facilitar los suelos más óptimos para las obras de nueva construcción, mientras que el Estado se compromete a apoyar financieramente estos proyectos. No obstante, no existe un presupuesto fijo para estas actuaciones, por lo que surgen dudas del alcance real de las mismas.

Algunos expertos aseguran que pueden suponer una solución al problema inmobiliario, regulando los procesos de oferta y demanda, aunque lamentan que lleguen con algo de retraso, ya que estas concesiones son bastante complejas y suelen dilatarse en el tiempo. Será por tanto indispensable encontrar un punto de equilibrio entre el libre mercado y el intervencionismo estatal.

Entidades involucradas con la iniciativa

Uno de los elementos más destacables es el fortalecimiento de Sepes, el organismo público encargado del suelo público, por lo que se esperan cambios de aquí a medio plazo. La financiación de los inmuebles en alquiler también tendrá unas opciones más favorables, ya que contará con la ayuda del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ha recibido instrucciones específicas al respecto.

Estas iniciativas también contarán con el apoyo de la Sareb, otra de las entidades que están vinculadas con el sector público. Se trata del popularmente conocido como “banco malo”, que se creó en 2012 para hacerse cargo de activos inmobiliarios que desestabilizaban el mercado, teniendo como objetivo ayudar al saneamiento de los bancos y empresas financieras. Durante este periodo, la Sareb ha vendido casi 70.000 pisos a particulares y ha destinado otros 4.000 a fines sociales, un ámbito en el que el ministro admite que queda mucho trabajo aún por hacer.

Regulación del mercado de alquiler

Otro asunto destacado de los nuevos planes estatales sobre la vivienda es la intención de regular los precios del alquiler. Para ello, se ha propuesto una comisión interministerial de carácter urgente, con el objetivo de atender la creciente demanda de acceso a la vivienda y también las peticiones de los agentes inmobiliarios, que quieren revertir los efectos de los cambios legislativos llevados a cabo en 2013.

La intención es recuperar el espíritu de la Ley de Arrendamientos de 1994, aumentando a cinco la extensión de los contratos y ampliando los plazos de prórroga. También se determinarán unos valores máximos al régimen de garantías y se harán avances en materia de seguridad jurídica, especialmente en lo relativo a alquileres a terceros.